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Miércoles 11 de Julio desde las 17.30 horas.

Hostigan a la médica que practicó un aborto no punible a una niña abusada

Médicos objetores escracharon al equipo que interrumpió el embarazo y la fiscal –en vez de investigar el abuso- cuestiona la celeridad con que se efectuó. Pañuelazo el jueves en el Hospital Avellaneda, el mismo que denunció a Belén.

Por Alejandra del Castillo

Durante esta semana una niña de 11 años abusada y su madre solicitaron el acceso a la ILE (interrupción legal del embarazo) en el hospital Avellaneda de la ciudad de San Miguel de Tucumán. El equipo de salud aseguró la práctica, bajo la responsabilidad de la Dra. Fabiana Reina, que las atendió de manera diligente.

Pese a que estamos ante una situación de garantía y respeto de los derechos de las niñas y mujeres, el equipo de salud sufrió distintos tipos de aprietes por parte de un sector de médicos antiderechos y de la fiscal de turno, la Dra. Adriana Giannoni, ante quien se denunció el abuso. La fiscal cuestionó que se haya practicado con celeridad la ILE sin esperar la opinión judicial. Giannoni cuestiona la decisión del equipo de salud en lugar de avanzar en la investigación sobre los responsables del abuso.

Que se haya realizado el aborto no punible es un gran avance y demuestra que al calor de la lucha del movimiento de mujeres cobran fuerzas los sectores dispuestos a enfrentar los intereses oscurantistas. El apoyo a la Dra. Reina y al equipo de salud pronto se hizo escuchar desde las organizaciones de mujeres como la Red de Profesionales por la vida y el aborto legal.
Los sectores partidarios del aborto ilegal difundieron las fotos y los nombres de la médica, la madre y la nena por WhatsApp.

Hay que recordar que el hospital Avellaneda es donde se denunció a la joven Belén y se armó prácticamente toda la causa contra ella. Esos mismos grupos quieren seguir operando para defender la injerencia clerical y bloquear los derechos de las mujeres. Cuentan para ello con el respaldo institucional que les garantiza vía libre para actuar. En el caso de Belén, y pese al fallo absolutorio que demostró que se había violado el secreto profesional y que la joven había sido objeto de tratos crueles, desde el Ministerio de Salud, y por lo tanto desde el gobierno provincial, no se tomó ningún tipo de medida contra los médicos y agentes que actuaron para encarcelarla injustamente.

Soledad Deza, quien fue la abogada de Belén y ahora asesora a la Dra. Reina, manifestó que "se intenta someter a los propios colegas e imponer la objeción de conciencia a quienes no la comparten. Esto evidencia que lejos de una creencia genuina, hay una intención deliberada de dañar a las usuarias retirando de la oferta sanitaria prestaciones médicas lícitas a través de maniobras espurias. Por otra parte, nos muestran que la objeción institucional no existe en el Avellaneda, sino un régimen de terror que ya se quebró gracias a la ética de profesionales que comprenden que su función es social y no moralizante. Por ello las direcciones de Hospitales y Jefaturas de Servicios no pueden estar a cargo de objetores, porque en vez de garantizar la salud, buscan hegemonizar la propia cosmovisión imponiendo maternidades forzadas”.

Finalmente, Deza aclaró que “ni las Fiscalías, ni el Poder Judicial tienen imperio para intervenir en las relaciones sanitarias. No se requieren autorizaciones judiciales para hacer una ILE. Por ello el pedido de explicaciones o la exigencia de comunicación sobre esta prestación, componen un mensaje indebido de que se somete a escrutinio judicial una alternativa terapéutica que solo precisa del saber del equipo de salud para llevarse a cabo".

En respuesta a este accionar y en defensa de las/os profesionales comprometidos con nuestros derechos, este jueves 12 de julio a las 11 hs vamos a realizar un pañuelazo en el Hospital Avellaneda. Reforzar la organización y movilización es la única vía que nos permitirá avanzar contra los esfuerzos de los antiderechos para mantener el oscurantismo clerical en la salud y sobre el cuerpo de las mujeres.

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