En esta última semana tuvo lugar el juicio a una mujer de 27 años que fue acusada de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía luego de que asistiera con un aborto en curso al Hospital Avellaneda.
“Belén”, nombre de fantasía que se adoptó para nombrarla, fue condenada a 8 años de prisión.
El hecho por el que la condenaron sucedió hace 2 años, cuando Belén acudió a la guardia de dicho nosocomio buscando asistencia por dolores abdominales. Luego que se le inyectara un calmante fue derivada al Servicio de Ginecología ya que también presentaba un abundante sangrado. El médico que la atendió ahí le informó en un primer momento que estaba teniendo un aborto espontáneo de un feto de aproximadamente 20 semanas. Belén contestó que desconocía estar embarazada. La misma declaración que repitió en todo este tiempo.
Pese a que Belén ya contaba con un diagnóstico y estaba siendo asistida, la jefa de parteras decidió ir al baño junto a la policía para inspeccionar lo que había expulsado. A partir de ahí fue acusada de matar a su hijo. El feto que le atribuyen nunca fue examinado para ver si era el que abortó. Tuvo que atravesar distintas situaciones de violencia, desde un enfermero que le llevó un feto en una caja y la insultó hasta la presencia de policías al momento del legrado que le revisaban sus partes íntimas.
Belén fue detenida hasta ser dada de alta, permaneció en la cárcel hasta el juicio y continúa detenida con una condena de 8 años. Pasó por las manos de distintos abogados, que por las dificultades de su familia para afrontar los gastos la dejaron. El último abandonó la causa tres días antes del juicio y una defensora oficial terminó asistiéndola. Es directamente proporcional el ensañamiento de la justicia tucumana con esta joven, con el historial de cobardías para con los representantes del poder.
La acción de los profesionales que violentaron todos los derechos de Belén fue promovida por una orientación institucional, y es la dirección del Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda la que debe estar en primer lugar en el banquillo de los acusados. Por opción u omisión, el tema ya ha tenido en el pasado muestras de que es necesario reglamentar y dar indicaciones claras desde las instituciones de defensa de los derechos y la atención de las mujeres. Los profesionales que colocan sus propios prejuicios por encima del derecho de las mujeres, deben ser investigados si actuaron por iniciativa propia o en consonancia con alguna secta clerical con apoyo estatal.
En el caso de Belén se concentran distintas violencias y atropellos, desde la violación del secreto profesional, la violencia obstétrica, hasta la violencia judicial. Desde el Plenario de Trabajadoras exigimos su inmediata libertad, la nulidad de la sentencia y proponemos armar una campaña nacional, movilizándonos en todo el país por su liberación y por la defensa de los derechos de las mujeres.
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